Cuando la Extorsión se castiga con el Homicidio
Fecha de publicación: 11/2/2025
La ola de asesinatos en Michoacán, que ha cobrado la vida tanto de empresarios limoneros como de alcaldes y figuras de la ley, no es simplemente un problema de inseguridad. Desde la óptica del Derecho Penal, es la manifestación más brutal de un Estado de Derecho fracturado, donde el crimen organizado ha impuesto una "justicia" paralela basada en la extorsión y el homicidio.
Estos crímenes selectivos —como el reciente asesinato de líderes citricultores o el homicidio del alcalde de Uruapan— no son al azar. Son mensajes de poder que configuran delitos de alto impacto con agravantes muy claros: el homicidio calificado, la extorsión sistemática y la delincuencia organizada.
El Delito como Estrategia
En el caso de los empresarios limoneros, la motivación penal es claramente la extorsión. Los grupos criminales han encontrado en el sector agrícola un motor económico sumamente rentable. Exigen el pago de "cuotas" o "derecho de piso" a los productores. Cuando un empresario se niega a ceder o busca organizarse para defenderse, el asesinato se convierte en un instrumento de coerción para someter a toda la cadena productiva. La ley penal contempla esto como un delito cometido con alevosía y ventaja, y con un fin claro: el lucro ilícito a través del terror.
El Ataque a la Representación Legal
La ejecución de alcaldes y representantes de la ley es un ataque directo a la autoridad del Estado. En términos penales, estos actos buscan generar una inhibición en la función pública. Si un alcalde es asesinado por intentar enfrentar al crimen o por negarse a colaborar, se envía el mensaje de que la ley no tiene el poder de proteger ni siquiera a sus propios representantes.
Esto subraya la existencia de un "poder dual" en Michoacán, donde las estructuras criminales operan con una impunidad que les permite desafiar abiertamente la autoridad civil y militar. La Fiscalía tiene la obligación de investigar estos crímenes no solo como homicidios individuales, sino como actos terroristas o de delincuencia organizada que buscan desestabilizar la paz social y la gobernabilidad.
La Impunidad y el Círculo Vicioso
El problema central que permite que estos crímenes se repitan es la impunidad. Cuando los asesinatos de figuras públicas y productivas no se resuelven y no hay responsables ante la justicia, se refuerza la idea de que el crimen es la vía más efectiva para obtener control. Los reportes señalan que la falta de denuncia (la cifra negra) y la desconfianza en las autoridades son altísimas en Michoacán, creando un círculo vicioso donde el miedo y la ley del más fuerte reemplazan al debido proceso.